María de los Ángeles Sacnun: «El Senado consolidó y amplió derechos sociales»

La senadora nacional de la provincia de Santa Fe María de los Ángeles Sacnun (FPV-PJ) destacó la sesión llevada a cabo ayer en la Cámara de Senadores, en la cual se trataron proyectos en torno a la protección de víctimas de diversos delitos.

“Mientras el gobierno nacional toma medidas que desamparan a millones de argentinos dejándolos librados a su suerte, el Parlamento instala una agenda pública de consolidación de los derechos sociales”, afirmó Sacnun.

“La sesión del día de hoy me enorgullece por el nivel de medidas de protección hacia las víctimas de delitos, de femicidios, contemplando la situación de la infancia, de los jóvenes y de las víctimas de trata. El Senado hoy marca un camino de ampliación de derechos y de un Estado presente frente a las consecuencias de la violencia en múltiples expresiones”, agregó la senadora santafesina.

En la Cámara de Senadores se trataron el proyecto de Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos, que regula a quienes padecen un delito de manera integral, dando una perspectiva de respeto y resguardo desde el Estado a quienes han sido víctimas de un delito; el Régimen de subsidios especiales para los menores huérfanos de madre por causa de femicidio, que tiene como objetivo destinar un subsidio económico para los huérfanos, es decir, para los hijos de las víctimas de violencia de género o de violencia intrafamiliar; y se constituyó el Régimen de reparación a las víctimas de delito de trata de personas, que otorga una pensión para quienes sufrieron este delito, con sentencia firme. Los tres proyectos fueron aprobados por unanimidad y enviados a la Cámara de Diputados.

Además, se aprobó la incorporación del artículo 700 bis al Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece la privación de la responsabilidad parental al femicida; y se creó el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes Sin Cuidados Parentales, que establece una reparación para todos aquellos niños y adolescentes que viven en casas, instituciones u hogares y que por diversas situaciones han sufrido violencia intrafamiliar o abandono. Estos proyectos fueron aprobados por unanimidad y comunicados al Poder Ejecutivo Nacional.